En la región Caribe, gracias a las lluvias torrenciales que están cayendo, los embalses están en un 54,1 por ciento de su capacidad. En el oriente del país superan el 63 por ciento y en Antioquia y Valle bordean el 48 por ciento.
Algunos de estos nutren de agua a acueductos del país, por lo que al igual que las hidroeléctricas, se beneficiarán de la temporada de lluvias, la cual promete prolongarse durante varios meses.
Sin embargo, a partir de agosto, usted empezará a sentir un incremento en el costo del servicio de agua, el cual puede oscilar entre un 17 y un 20 por ciento, que le será diferido en los próximos 24 meses.
El aumento se desprende de una decisión adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que asegura que el país requiere fondos para garantizar el 100 por ciento de cobertura en la prestación de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas. Y la plata saldrá del bolsillo de los colombianos.
La razón: en ciudades intermedias, como Armenia, Manizales, Cúcuta, Montería, Tunja, Neiva, Villavicencio e Ibagué, aún falta cerca de un 15 por ciento de infraestructura y de calidad para llegar a la meta impuesta por el Gobierno.
“Incluso, en algunas de esas ciudades no se presta el servicio las 24 horas, tienen rezagos de cobertura y de calidad”, dice Julio César Aguilera, director ejecutivo de la CRA.
De hecho, el funcionario advierte que lo autorizado fue un marco tarifario que implica que para subir los costos, cada empresa deberá cumplir con algunas exigencias, entre estas el plan para llegar a unos óptimos estándares de calidad. Incluso, si no cumplen con los requisitos establecidos, se les obligará de inmediato a bajar las tarifas.
La Superintendencia de Servicios públicos será la encargada de vigilar que los dineros que se les están pidiendo a los usuarios para ampliar la cobertura sean correctamente usados y que se estén aplicando los porcentajes de manera correcta.
“De hecho, en algunas ciudades en donde se ha hecho la tarea de forma mucho más juiciosa –como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali– no se esperarían incrementos por encima del 3 por ciento”, explica Aguilera.
Al respecto, Bogotá ya anunció una reducción del 3 por ciento en la tarifa. Al respecto, la represa de Chuza, que surte las dos terceras partes del líquido de la capital, tiene niveles superiores al 70 por ciento. Algo similar ocurre con el San Rafael (vea video en www.eltiempo.com).
Cuando EL TIEMPO indagó por qué el costo de la ampliación de la cobertura se les trasladó a los usuarios, la CRA respondió que así lo establece la Ley 142 de 1994.
“Allí se establece que de las tarifas sale el dinero para cubrir los costos de operación y de administración”, agregó Aguilera.
¿Nada que hacer?
Lo único que pueden hacer los usuarios es estar vigilantes de que sus acueductos cumplan los requisitos para subir las tarifas, de lo contrario pueden denunciarlos para que se les impongan sanciones y multas.
Por ejemplo, la CRA ha establecido metas de reducción de pérdidas de agua del 50 por ciento en este quinquenio. Además, una planeación de inversiones más eficiente que se ajuste a los planes de cada ciudad, contemplados en los POT.
Y si los acueductos tienen menos de 5.000 usuarios, no pueden subir un solo peso las tarifas con la excusa de ampliar la cobertura del servicio de agua.
Aún no se sabe cuánto requiere cada empresa para cumplir con las metas. Lo que sí está claro es que lo que se recaude a partir de agosto será vigilado.
La Federación Colombiana de Consumidores ya pidió de manera oficial la resolución que establece el nuevo marco tarifario. Según voceros, van a entrar a analizar su legalidad y pertinencia antes de emprender alguna acción.
Ya existen quejas
Según la resolución de la CRA, el ajuste tarifario se verá reflejado en 30 días. Sin embargo, EL TIEMPO estableció que ya existen quejas en ciudades como Fusagasugá. Se verifica si es cierto que, además del ajuste, algunos predios fueron restratificados, lo que va a disparar el valor por pagar. Autoridades explicaron que la restratificación no está prevista en la resolución de la CRA y que esta debe responder a medidas contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de cada municipio.