El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, informan que:
Luego de 7 meses de conversaciones hemos alcanzado una serie de acuerdos. En primer lugar sobre el punto 1 de la Agenda del Acuerdo General, que hemos denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”; y también sobre diferentes temas de la Mesa y de la participación ciudadana. Durante los primeros meses concretamos, por una parte, aspectos de procedimiento y por otra, concertamos lo relacionado con la puesta en marcha de la página web, los formularios escritos, los foros para los puntos 1 y 2 de la Agenda, y la consulta directa para el punto 1, establecidos en el Acuerdo General, como se detalla más adelante. Y ya empezamos la discusión sobre el punto 2 de la Agenda “Participación Política”.
Como se informó en el comunicado conjunto del 26 de mayo, lo convenido hasta ahora en el primer punto de la Agenda forma parte de lo que sería el Acuerdo Final, un acuerdo más amplio que esperamos lograr en los próximos meses desarrollando los 5 puntos de la Agenda que aún quedan pendientes de discusión. Es por eso que uno de los principios que guían estas conversaciones es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado. Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo están condicionados a que lleguemos al Acuerdo Final sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub-puntos ya que todos están interrelacionados.
Con este informe queremos profundizar en los anuncios realizados durante el pasado ciclo, sobre lo que consideramos un importante acuerdo, que permitirá lograr una reforma rural integral, una vez tengamos el Acuerdo Final. El Gobierno Nacional y las FARC-EP luego de algunos meses de conversaciones en los que se intercambiaron visiones y propuestas sobre los sub puntos del punto 1 de la Agenda del Acuerdo General y tal como se anunció el pasado 26 de mayo, hemos llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la Agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera, que acordamos denominar “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”.
La RRI está centrada en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios interétnicos e interculturales, y pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.
Lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo, la generación de ingresos y empleo, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria articulación entre esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición para garantizar el desarrollo rural. La RRI se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria.
Este proceso apuntará a regularizar los derechos de propiedad y en consecuencia, desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra.
El Fondo se alimentará principalmente de tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios de programas de formalización; igualmente de la aplicación de otros procesos contemplados en la legislación como la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública, de tierras donadas, y de aquellas con vocación agropecuaria que resulten de la actualización de las zonas de reserva forestal. La sustracción de tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, está condicionada a la formulación, con la participación comunitaria, de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental.
El acuerdo reconoce que el acceso a la tierra es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el bienestar de los habitantes del campo y el desarrollo eficiente de la producción. No se trata simplemente de brindar acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral; es decir que junto con las tierras hay que proveer los medios y capacidades para hacer uso de ellas (como capital semilla, riego donde sea necesario, asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante la provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable, y apoyo a diferentes formas de asociatividad solidaria y cooperativismo y a la comercialización de productos.
Como complemento al Fondo se ha acordado que se fortalecerán otros mecanismos de acceso a tierras por parte de la población campesina: el subsidio integral para compra y la creación de líneas especiales de crédito.
En adición a la distribución de tierras, lo acordado reconoce el papel de la formalización de la propiedad rural como mecanismo de acceso y en esa medida se ha convenido impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, que proteja y fortalezca los derechos de los legítimos poseedores de tierra. Esta formalización tiene el propósito de titular progresivamente la totalidad de los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. Para ello se adecuará un programa de formalización masiva y se adelantarán las reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones. Adicionalmente se acordó que se garantizará la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural.
Los beneficiarios de los planes de adjudicación gratuita, subsidio integral y crédito especial, serán trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente (incluidos los beneficiarios del programa de formalización), priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada.
Para garantizar la efectiva protección de los derechos de propiedad en el campo, se acordó la creación de una jurisdicción agraria que tenga cobertura y capacidades regionales. Además, se acordó fortalecer mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia, en especial para los más pequeños e indefensos, y que de esa manera sean también una garantía contra el despojo. En forma complementaria a los instrumentos judiciales, se acordó ampliar y fortalecer los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los tradicionales, propios de las comunidades rurales.
Adicionalmente y como condición necesaria para facilitar la implementación de los planes de acceso a tierras y regularizar los derechos de propiedad, así como promover un uso adecuado de la tierra y la desconcentración de la propiedad rural improductiva, se acordó que el Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan para formar y actualizar el catastro rural junto con las entidades territoriales y con la participación efectiva de las comunidades.
Como complemento de lo anterior se brindará la asesoría para la implementación de un adecuado sistema de cobro y recaudo del predial, adoptando las medidas necesarias para que las tarifas se fijen en desarrollo del principio constitucional de progresividad: el que más tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social. La actualización del catastro y un recaudo efectivo del impuesto predial permitirán, adicionalmente, ayudar a fortalecer las finanzas de los municipios. Se acordó que se crearán incentivos y transferencias a los municipios, para que adopten exenciones al impuesto predial para los beneficiarios de los programas de acceso y para los pequeños productores.
Como medidas adicionales para dar un buen uso a la tierra, el Gobierno Nacional definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación, el bien común y las visiones territoriales construidas en el marco de las instancias de participación comunitaria, entre otros criterios. También creará incentivos para promover la reconversión productiva, y fortalecerá la participación de la ciudadanía a nivel local en la planificación y ordenamiento del territorio.
Para prevenir los conflictos por el uso de la tierra y de manera complementaria a la jurisdicción agraria y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se acordó impulsar instrumentos de diálogo entre gobierno, comunidades y empresas privadas.
Pensando en las futuras generaciones de colombianos, y en la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible con especial atención a la importancia de proteger y preservar el agua y el medio ambiente, el acuerdo establece un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal, generando alternativas para los pobladores que colindan con ellas o las ocupan y garantizando los principios de participación de las comunidades rurales y de desarrollo sostenible.
Por tal razón, se estableció que el Gobierno Nacional hará efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y de las organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, siguiendo lo dispuesto en las normas vigentes, y promoverá la participación activa de las comunidades en la ejecución de estos planes.
La RRI requiere de la implementación de planes nacionales sectoriales que, en conjunto, deberán lograr una reducción radical de la pobreza rural, en especial de la pobreza extrema, y una disminución de la desigualdad. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria.
En infraestructura se ejecutarán planes para: A) reconstruir la red de vías terciarias, para permitir a los habitantes rurales un mayor acceso a los mercados y a los servicios sociales. B) corregir el déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones que ampliarán la cobertura y calidad de los servicios de energía e internet en las zonas rurales; y C) ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria.
Con el fin de incrementar la productividad de la agricultura familiar y estabilizar sus ingresos. Todos estos planes contarán con una activa participación de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras de infraestructura.
Por su parte, los planes para proveer bienes y servicios sociales buscarán disminuir las brechas entre el campo y la ciudad aumentando las capacidades y generando oportunidades para los habitantes del campo. Las medidas para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad en el marco de la RRI, deben crear una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo.
En salud, se acordó un nuevo modelo especial que atienda, con un enfoque diferencial, zonas rurales dispersas con pertinencia y énfasis en prevención, que acerque el servicio a los hogares o lugares de trabajo de la población rural. Esto sin perjuicio de las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y dotación, incluyendo personal calificado, para mejorar la calidad y cobertura de la atención.
En educación, el plan tiene como propósito brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales. De igual forma, buscará promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo y asegurar que los niños y jóvenes estudien en condiciones dignas. Se hará especial énfasis en promover una educación técnica, tecnológica y superior pertinente y articulada a las necesidades del sector productivo, adoptando medidas para garantizar el acceso de más jóvenes del campo. Como complemento de lo anterior se acordó fortalecer y promover la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, para el sector agropecuario en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc.
El plan de vivienda, agua y saneamiento básico mejorará las condiciones de salud y de habitabilidad en el campo mediante la disminución del déficit de vivienda rural y la provisión de soluciones tecnológicas apropiadas para las necesidades y el contexto rural, en materia de acceso a agua potable y eliminación de residuos, con el fin de garantizar condiciones de vida digna de los habitantes rurales. La pertinencia y sostenibilidad de estas soluciones estará garantizada por una activa participación de las comunidades en el diseño de los proyectos así como en su administración y operación.
En cuanto a los estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria se acordó, en primer lugar, un plan para fomentar la economía solidaria y cooperativa rural que fortalezca la capacidad de las comunidades rurales organizadas para comercializar productos, acceder a bienes y servicios y, en general, mejorar sus condiciones de vida, trabajo y producción.
En segundo lugar, se acordó un plan de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, esencial para estimular procesos de innovación tecnológica y mejorar la sostenibilidad de los proyectos productivos de la economía campesina, familiar y comunitaria. Este plan incluye un sistema de seguimiento y evaluación de calidad con participación de la comunidad. Adicionalmente incluye la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades puedan acceder a material de siembra óptimo, y la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la Nación.
En tercer lugar, se acordó poner en marcha un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores con menores ingresos que ofrecerá, dependiendo de las características de los potenciales beneficiarios, líneas de crédito blandas, esquemas de garantías, recursos de capital semilla y seguros de cosecha.
En cuarto lugar, se acordó un plan con el fin de promover condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria y mejorar su disponibilidad. Esto implicará apoyar la asociatividad, la generación de valor agregado, la información de precios, la infraestructura de comercialización (centros de acopio) y adoptar mecanismos de compras públicas de las entidades y programas institucionales que contribuyan a absorber la producción de esta economía campesina, familiar y comunitaria.
Por último, se convino fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural y garantizar condiciones laborales dignas y la protección de los derechos de los trabajadores agrarios. Esto significa promover formas asociativas adecuadas para el contexto rural que faciliten el acceso a la seguridad social por parte de los trabajadores agrarios; fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para promover y garantizar el cumplimiento de las normas laborales en el área rural; y capacitar a trabajadores y empresas en derechos y obligaciones laborales. Adicionalmente se acordó promover y fortalecer la implementación de soluciones que atiendan las particularidades del trabajo rural con el fin de garantizar la protección y seguridad social de los trabajadores del campo.
Con el objetivo de dinamizar el empleo rural y promover la participación de las comunidades, la ejecución de los planes se hará con el concurso de la mano de obra de estas.
Como complemento al incremento progresivo en la producción de alimentos por parte de la economía campesina, familiar y comunitaria y de la creación de condiciones que permitan a los trabajadores del campo mejorar sus ingresos, hemos convenido la necesidad de articular la oferta estatal en el territorio a través de un sistema de alimentación y nutrición para la población rural. Para ello se desarrollarán planes departamentales y locales de alimentación y nutrición culturalmente apropiados, con la participación activa de las comunidades, la sociedad, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y locales.
Adicionalmente se crearán consejos departamentales y locales, así como un consejo nacional de alimentación y nutrición para que defina los lineamientos y coordine la puesta en marcha de las políticas en los diferentes niveles. Estos consejos contarán con representación de comunidades, la sociedad y los gobiernos.
Teniendo en cuenta la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y niñas, las mujeres gestantes y lactantes, y los hombres y mujeres de la tercera edad, y en general la población en condiciones de miseria, se implementarán programas especiales para la erradicación del hambre en la población rural.
Se acordó la realización de campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos con un alto contenido nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios, que tenga en cuenta las características del territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales.
La RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, por los niveles de pobreza, por la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas y con menor presencia institucional. Para ello, se acordó la puesta en marcha de programas de desarrollo con enfoque territorial que permitirán implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales, sobre la base de un plan de acción para la transformación regional que contará con una amplia participación de las comunidades en su formulación, ejecución y seguimiento.
Las acciones que se diseñen y ejecuten en todos los planes y programas del acuerdo tendrán en cuenta las necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades rurales y estarán orientadas, de manera especial, a promover la participación de las comunidades y a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar su sostenibilidad.
La RRI acordada debe llevar a una transfor – mación estructural del campo colombiano y a la creación de condiciones de bienestar para sus habitantes, en especial para los más des – favorecidos. El Gobierno considera que debe contribuir a reversar los efectos nocivos del conflicto. Y las FARC-EP consideran que la Reforma Rural Integral debe contribuir a solu – cionar las causas históricas del mismo.
No obstante haber llegado a un acuerdo sobre el punto 1 de la Agenda según el criterio de cada delegación hay temas pendientes, que se discutirán más adelante en la Mesa, siempre teniendo en cuenta el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. El Gobierno Nacional y las FARC-EP agradecen especialmente a los países garantes Cuba y Noruega por su apoyo decidido a este proceso, que ha permitido avanzar en la construcción de este acuerdo en un ambiente de confianza y seriedad. Así como a los países acompañantes Venezuela y Chile por su permanente apoyo.
Por último, las delegaciones agradecen a los colombianos por su participación través de los diferentes mecanismos de la Mesa. Sus contribuciones han sido insumo de gran importancia para el trabajo. Las delegaciones los invitan a continuar enviando propuestas a la Mesa de Conversaciones.
Este informe no varía lo acordado.